La Justicia obliga a indemnizar a las familias cuyos dependientes murieron sin recibir su ayuda. Otros jueces, en cambio, deniegan la indemnización a los herederos alegando que si nunca se llegó a fijar la cantidad económica no se consolidó el derecho a la prestación y por tanto, no se puede reclamar.

La Ley de Dependencia acaba de cumplir diez años desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la aprobara como una de sus medidas sociales estrella. Sin embargo, el apoyo económico a las familias con un dependiente no siempre llega a su destino final. Muchos hijos han luchado en los tribunales para que la Justicia les concediera lo que era suyo, el dinero que durante años fueron adelantando para los cuidados de su padre o madre y que a pesar de tenerlo aprobado nunca llegó.

Son casos de familias que al fallecer la persona que necesitaba esos cuidados, las administraciones regionales se limpiaban las manos y entendían que una vez fallecido, ya no hacía falta pagar lo que le correspondía y que llevaba años esperando. La Justicia ha resarcido a esos familiares que han tenido que acabar en los tribunales para recibir lo que ellos consideraban que era suyo después de que les hayan corroborado que la Adminsitración ha cometido “evidentes irregularidades” al negarles esa ayuda. EL ESPAÑOL