Fraude fiscal en España

En su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso para explicar las medidas adoptadas para luchar contra el fraude fiscal, que se celebra en plena investigación judicial sobre las finanzas del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, ha precisado que han aflorado bienes en más de 200 países, entre los que destacan Suiza -con casi 20.000 millones, de los 14.000 millones son activos financieros y 4.800 millones son cuentas bancarias-, Andorra -4.000 millones, casi la mitad de ellos en activos financieros- y Gibraltar -260 millones-. Leer más en EL PAÍS

Fiscalía de Madrid ha pedido al juez de instrucción número 35 de Madrid dejar en libertad al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato cuando concluyan los registros

"La Fiscalía de Madrid ha pedido al juez de instrucción número 35 de Madrid dejar en libertad al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato cuando concluyan los registros ordenados por el magistrado, según han informado a Efe fuentes próximas al proceso.

De esta manera, Rato no tendrá que pasar a disposición judicial tras haber sido detenido esta tarde en su domicilio, por lo que el juez le citara a declarar, si así lo considera conveniente, según vaya avanzando su investigación". Leer más en EXPANSIÓN

Aprobado el Decálogo de Buenas Prácticas para la Asistencia al Detenido

"La Junta de Gobierno del Colegio ha aprobado el Decálogo de Buenas Prácticas ante la asistencia a detenidos de conformidad a las Directivas derivadas del Programa de Estocolmo. La finalidad es que sirvan como criterios orientadores a los letrados en el ejercicio de la defensa de los derechos de los detenidos; también recoge las actuaciones del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid para la ratificación de su vigencia y efectiva aplicación. Los/as abogados/as, tras haber finalizado la guardia, de forma voluntaria y anónima, pueden remitir al Observatorio de la Justicia para su sistematización los cuestionarios elaborados al efecto". Leer más en OTROSÍ

Sobre la reforma del Registro Civil

"Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Catalá ha precisado que la intención del Ministerio es agilizar la Justicia y ofrecer un mejor servicio y ha puesto de manifiesto que el funcionamiento del Registro Civil adolece de «baja calidad», sobre todo en cuanto de los largos tiempos de espera que se imponen en la tramitación de asuntos como la nacionalidad o el matrimonio". Leer más en ESTRELLA DIGITAL

Bankia ha recibido más de 20.000 demandas judiciales. Sin embargo, la opción elegida por el 90% ha sido el arbitraje, donde la mayoría ha conseguido la mitad de la inversión reclamada

"Por entidades, Bankia recibió 20.480 demandas por un importe de 1.523 millones de euros. Hasta el 2 de enero pasado se habían finalizado 9.041 procedimientos por valor de 593,71 millones. De ellos, 7.707 casos acabaron con una sentencia a favor del cliente por algo más de 497,23 millones (84%), frente a las 897 demandas en las que ganó la entidad por valor de 60 millones (10%). Los restantes 437 clientes desistieron de las acciones, renunciando así a recuperar 35,9 millones". Leer más en ESTRELLA DIGITAL

El fiscal pide el «sobreseimiento provisional» de las actuaciones contra Morado, Vela y Astorqui -que gastaron 448.300, 249.200 y 293.000 euros respectivamente- al argumentar que estos directivos «recibieron estas tarjetas claramente como complemento retributivo»

"El fiscal del caso Bankia, Alejandro Luzón, ha apoyado en un escrito enviado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu el archivo de la causa contra los exdirectivos de Caja Madrid Ricardo Morado, Carlos Vela y Juan Astorqui por el uso que hicieron con las tarjetas opacas de la entidad, con la que 82 ex altos cargos de Caja Madrid y Bankia gastaron de espaldas a Hacienda 15,5 millones de euros entre los años 2003 Y 2012. El fiscal, que apoya la petición de los propios imputados, considera que no hay delito en el uso que estos directivos hicieron con sus Visas B porque se las entregaron como parte de su salario, razón por la que podían destinarlas a cualquier gasto, incluidos los personales." Leer más en ABC

Miles de hologramas se manifiestan en Madrid contra la Ley Mordaza

"Miles de hologramas se manifestaron este viernes frente al Congreso de los Diputados para protestar contra la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, que fueron aprobadas semanas atrás con la mayoría absoluta del Partido Popular y la oposición del resto de grupos parlamentarios. 

El acto creativo de protesta, según lo definieron los organizadores de la plataforma No somos delito, consistió en reproducir hologramas sobre una pantalla instalada en la plaza de las Cortes, frente al edificio del Congreso, simulando una manifestación en la que se podían ver pancartas y escuchar consignas. "¡La ley mordaza es una amenaza!" fue la consigna más repetida. Se dejaron ver, además, carteles con lemas a favor de la libertad de expresión, como "No a la censura" o "Libertad de expresión"". Leer más en INFOLIBRE

AUTO JUZGADO DE 1a INSTANCIA No 52 DE BARCELONA: SANCIÓN POR MALA FE PROCESAL POR NO HABER INTENTADO LA MEDIACIÓN.

"El Juzgado de Primera Instancia núm. 52 de Barcelona, mediante auto de 26 de enero de 2015, impone a una compañía aseguradora un multa de 40,27 euros por mala fe procesal, concretada en un abuso del proceso, con base en el art. 11 de la LOPJ y el art. 247.3 de la LEC, por iniciar un juicio verbal reclamando la cantidad de 402,75 euros por el valor de vehículo de sustitución proporcionado al perjudicado tras un accidente de tráfico.
La juzgadora entiende que la compañía aseguradora tiene a su alcance otros métodos mucho menos costosos y rápidos como puede ser la mediación, cuyo uso ni siquiera intenta". Leer más en web ICAM

Los dos periodistas se enfrentan a una petición de condena de cuatro años y medio de cárcel por difundir la portada de 'Charlie Hebdo' tras los atentados

"Ceyda Karan y Hikmet Cetinkaya, columnistas del diario Cumhuriyet, se enfrentan a una petición de condena de 4 años y medio de cárcel por "insultar los valores religiosos de la gente" tras reproducir la polémica portada en forma de homenaje a los dibujantes fallecidos en el ataque contra la sede de la revista en París". Leer más en INFOLIBRE

COMPARECENCIA DE LA DECANA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID ANTE LA ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 17 DE MARZO DE 2015

"Comparezco hoy ante Vds., en mi condición de Decana del Colegio de Abogados de Madrid, para exponerles la situación de la Justicia Gratuita en la Comunidad de Madrid y para exigir de la Administración Autonómica actual y de la que resulte de los próximos comicios, la atención adecuada y la financiación suficiente para que el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita sea digno de y para la ciudadanía madrileña.
EXPLICACION DEL MODELO ACTUAL
Como Vds. saben, el modelo vigente de Justicia Gratuita delega la gestión del servicio a los colegios profesionales de abogados, correspondiendo a la Administración autonómica el reconocimiento del derecho así como la provisión y el control de medios materiales y económicos para el funcionamiento de este servicio.
Hablamos, Señorías, de un SERVICIO PÚBLICO que materializa para la ciudadanía madrileña sin recursos los derechos fundamentales a la libertad, a la seguridad y a la tutela judicial efectiva, derechos de ámbito personal con rango constitucional equivalente al derecho a la vida, a la integridad física y moral y a la libertad de creencia religiosa e ideológica.
La JUSTICIA GRATUITA es el derecho del ciudadano sin recursos a que los poderes públicos le proporcionen los medios para litigar y comprende también el servicio de orientación jurídica previa al proceso judicial.
El TURNO DE OFICIO es el sistema colegial de asignación de letrados que garantiza el derecho fundamental a la defensa de toda la ciudadanía.

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EXPLICACION DE LA COMPENSACION ECONÓMICA
La retribución percibida por los abogados y colegios de abogados intervinientes en la Justicia Gratuita de Madrid se fija en el Decreto 86/2003 de 19 de junio en función de unos módulos de compensación económica, que no han sido actualizados ni revisados desde su promulgación en 2003 y que sufrieron en 2012 una rebaja lineal del 20%.
En consecuencia, el baremo y los módulos de compensación están desfasados en un 44% por efecto de su falta de actualización y del referido recorte.
a) Abogados/oficio
La abogacía madrileña de oficio defiende, desde el 2003 y hasta hoy, a la ciudadanía madrileña sin recursos por una indigna retribución media de 2 € por hora, asumiendo además todos los gastos de desplazamiento y gestión (tal como papel, fotocopias, teléfono, correo) que la defensa de oficio conlleva, porque no está prevista en la normativa su compensación.
Padecen además desde hace años una demora sistemática en el pago de sus retribuciones. El periodo medio de pago de la Comunidad en 2014 ha sido de 146 días, muy lejano a los 60 días legalmente previstos.
Permítanme que les exponga el perfil del abogado de oficio madrileño.
Es un abogado o abogada de entre 40 y 60 años de edad, y por tanto con una experiencia de, al menos, dos décadas de ejercicio profesional, y que no subsiste, ni podría hacerlo, del ejercicio profesional de oficio, sino de su actividad profesional privada, y que está inscrito en el TO por su función social. A ello y solo a ello puede responder el hecho de que el censo de letrados y letradas de oficio en Madrid se incremente año a año, contando actualmente con un censo de unos 5.200 abogados y abogadas.
El acceso al TO está sujeto a la acreditación de tres o más años de ejercicio profesional y a la realización de cursos de formación práctica de entre 60 y 180 horas, y a una formación continuada. En 2014, el Colegio de Abogados de Madrid ha impartido cursos de formación continuada del Turno de Oficio a 4.485 letrados, que es la práctica totalidad del censo.

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Los abogados de oficio somos pues, desde hace años, “mano de obra cualificada y barata” para la Comunidad de Madrid.
b) Colegios
Por su parte, los Colegios de Abogados de Madrid perciben actualmente de la Comunidad y en función del baremo por cada expediente de Justicia Gratuita tramitado una compensación de 24 €.
En 2014 el Colegio ha tramitado un total de 120.418 expedientes de Justicia Gratuita, cuyo coste real hoy para el Colegio es de 36 € por expediente tramitado.
La diferencia de 12 € entre los 24 € abonados por la Comunidad de Madrid y los 36 € de su coste real, se cubre con el único ingreso ordinario del Colegio, y que son las cuotas de todos los abogados madrileños.
El Servicio de Orientación Jurídica, que se ha prestado desde el año 1986 y hasta su denuncia por la Comunidad de Madrid en 2012, se financiaba por la Administración mediante una partida económica adicional, que en 2011 superó el millón de euros y en 2012 ascendió a 304.636 €. A su resolución en 2012, la Administración suspendió esta dotación adicional para que el Servicio de Orientación Jurídica fuera prestado con cargo a los 24 € por expediente tramitado, que no cubren siquiera el gasto real del expediente.
Sin embargo, la demanda ciudadana de este servicio y por tanto su necesidad no ha desaparecido y, en ejercicio de las responsabilidades sociales que el Colegio de Abogados sencillamente no puede ignorar, desde 2013 atiende dicha demanda ciudadana de orientación jurídica con un servicio "mínimo" y con un coste anual de 416.868 €, que nuevamente sufraga el Colegio con cargo a las cuotas colegiales.
En 2014, este Servicio de Orientación Jurídica “de mínimos” atendió 62.303 consultas y tramitó 22.336 solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita, pero es insuficiente para ofrecer el tiempo de respuesta y atención al ciudadano deseables en un Estado del bienestar y mucho más en la capital de dicho Estado.
A resultas de todo ello, está asumiendo el Colegio de Abogados de Madrid año tras año el ya endémico déficit generado por la aplicación de un baremo obsoleto y recortado y por la supresión de la subvención al Servicio de Orientación Jurídica.

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El déficit total acumulado del Colegio en los años 2012, 2013 y 2014 asciende a 2.784.340 euros, que el Colegio cubre, como he dicho, con las cuotas colegiales.
La gestión y tramitación de la Justicia Gratuita ha sido siempre una prioridad para el Colegio de Abogados de Madrid, no sólo por ser una competencia pública delegada, sino porque la defensa de los más desfavorecidos es nuestra función social. Y por ello, el Colegio destina los medios humanos y tecnológicos necesarios para gestionar con la máxima calidad y agilidad este servicio así como para dotarle de la transparencia necesaria.
En consecuencia, Señorías, la Justicia Gratuita de la Comunidad de Madrid está siendo parcialmente financiada por el colectivo de abogados madrileños.
La abogacía profesional e institucional de Madrid es así la prueba viva de la falta de voluntad política de la Administración de cumplir el mandato constitucional de garantizar la Asistencia Justicia Gratuita, que ha sido y es objeto de una planificación económica sistemáticamente insuficiente y por ello enemiga de la función social que le es propia.
No se puede cumplir el mandato constitucional de Justicia Social atendiendo a exclusivos criterios de ahorro económico e ignorando el coste real de la Justicia Gratuita de la sociedad madrileña. Las cuentas no salen, Señorías.
Tengo, como Decana, obligación legal y moral de denunciar esta situación y exigir la inexcusable e inaplazable dotación de recursos económicos suficientes por parte de la Administración, como ya hicieran mis predecesores en el cargo en esta misma cámara, para atender la demanda de Justicia Gratuita en condiciones adecuadas y dignas, las propias de un servicio público, y no de caridad o beneficencia.
REIVINDICACION Y SU FUNDAMENTO
Para justificar nuestra reivindicación a la Administración actual, y a la futura, de atención adecuada y financiación suficiente a la Justicia Gratuita bastaría, prima facie, comparar el coste anual de Justicia Gratuita que certificamos cada año los Colegios de Abogados de Madrid con la partida presupuestaria anual que la Administración dota a este servicio, y que año tras año arroja un grave déficit de financiación pública.
En el periodo del 2009 al 2014, la diferencia media entre lo presupuestado y lo gastado asciende a una cifra negativa de 5 Millones de Euros. Nuevamente se ha

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aprobado para el ejercicio 2015 un presupuesto para la Justicia Gratuita de 28,8 Millones de € que será, con toda seguridad, será una vez más insuficiente.

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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Presupuesto

31 M€

31 M€

31 M€

31 M€

36 M€

28,8 M€

28,8 M€

CAM JUSTICIA GRATUITA

Gasto certificado por ICAs

47 M€

43 M€

39,8 M€

34,3 M€

31,5 M€

31,3 M€

previsión 32 M€

MAD

Déficit

8M€

12 M€

8,8 M€

3,3 M€

4,5 M€

2,5 M€

Previsión 3,2 M€

Señorías, estas cifras objetivas son por sí mismas suficientemente elocuentes. Desde el año 2009, y salvo en el año 2013, la dotación presupuestaria de JUSTICIA GRATUITA es año tras año manifiestamente insuficiente para sostener su coste real e integro, incumpliendo por tanto la Administración su obligación de garantizar debidamente los derechos constitucionales de igualdad y a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos sin recursos de nuestra Comunidad.
Créanme, Señorías, que esta es una reivindicación unánime de la abogacía madrileña, desde el abogado más humilde al despacho más grande, y de las asociaciones en que éstos se agrupan. Y créanme, Señorias, la situación que les expongo no es en absoluto nueva, y la reivindicación de la abogacía madrileña es también antigua –por no decir histórica-.
77.000 profesionales de la sociedad civil pedimos desde hace años a la Administración que cumpla sus obligaciones hacia la ciudadanía sin recursos. Y en el cumplimiento de tales obligaciones, la Comunidad de Madrid contará siempre con el pleno apoyo y colaboración de la abogacía madrileña, pero ésta no va a seguir permitiendo que su buen hacer profesional e institucional le proporcionen una coartada para escatimar a la ciudadanía sin recursos sus derechos fundamentales.

La abogacía madrileña no será cómplice de unas prioridades políticas que no comparte, no por su color político, sino porque desatienden obligaciones constitucionales y vulneran el derecho de defensa de la población madrileña más desfavorecida.
PROCESO DE NEGOCIACION CON CAM
Desde nuestra llegada en enero de 2013 al Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid nos empeñamos en mejorar aún más y hacer aún más transparente, fácil y clara la gestión colegial del servicio y lo hicimos –así lo tengo que decir en honor a la verdad- trabajando “mano a mano” con la Administración, a la que abrimos por completo nuestro sistema de gestión para que “auditaran” nuestros procesos, como hicieron.
Todo ello, con el objetivo explícitamente expuesto a la Administración, de desterrar el tan tradicional como injusto “fantasma del fraude” que ha planeado históricamente y planea aún sobre la gestión colegial, gestión que lleva a cabo–también lo quiero dejar aquí expresamente señalado- un equipo humano de juristas profesionales altamente especializados en Justicia Gratuita y plenamente conscientes de la responsabilidad institucional asumida por la gestión de ese servicio público. Este equipo revisa una a una las acreditaciones de actuaciones profesionales que justifican los abogados y abogadas del oficio.
Como también es excepcional el equipo humano del Servicio de Orientación Jurídica –abogados todos ellos específicamente formados en la materia- que desde el año 2013 trabaja bajo mínimos y con la presión de no poder atender con la celeridad necesaria una demanda de orientación de la ciudadanía que la supresión del convenio y de la subvención no hizo desaparecer.
Quiero en este punto, despejar ante esta Cámara, otro fantasma, igualmente injusto y falso, del abogado de oficio compulsivamente querulante y recurrente, en virtud del cual se pretende hacer en definitiva a los abogados del turno de oficio responsables de la demanda ciudadana y del coste de la Justicia Gratuita.
Niego categóricamente estas dos imputaciones injustas y falsas, Señorías, que me consta sirven a la Administración como excusa para no dotar sistemáticamente a la Justicia Gratuita de recursos económicos suficientes y para no actualizar los baremos de compensación a los abogados y a los Colegios.

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Una Administración Pública no puede evaluar ni juzgar si se demanda o si se recurre mucho o poco, porque tal labor excede de sus competencias e invade las de quienes tienen atribuida la defensa legal de los ciudadanos, incluidos los que carecen de recursos, y que somos los abogados, y atenta contra nuestra libertad e independencia profesionales, pues no existe norma alguna que subordine al mandato del cliente el ejercicio de nuestro sagrado deber de defensa, tampoco a la hora de recurrir una resolución desfavorable.
Ni puede tampoco la Administración, por idénticas razones, forzar la reducción de la demanda de Justicia Gratuita de los ciudadanos por la vía de hecho de una continuada desatención económica del servicio, como está pasando.
Todo lo anterior, sin perjuicio de que el Colegio de Abogados de Madrid vele, como hace, por el buen funcionamiento del sistema y facilite los medios a su alcance para favorecer la comunicación entre abogado y cliente y la aportación de la documentación acreditativa de la falta de recursos económicos, allí donde es posible, que no siempre lo es. Pero cosa muy distinta es que el ciudadano quede indefenso por insuficiencia de recursos públicos y que el abogado de oficio que actúa llamado por los poderes públicos se quede sin la debida remuneración por las actuaciones profesionales realizadas.
En nuestra línea habitual de colaboración institucional, propusimos a primeros de año a la Administración la constitución de un grupo de trabajo, con el fin de revisar y mejorar el baremo y su estructura y con la premisa de actualizarlo en todo caso y al menos en el 20% reducido en 2012, para su aplicación a partir del año 2016.
Ese objetivo mínimo de recuperación del 20% habría supuesto que donde el abogado de oficio cobra hoy 240 € cobrara 300 € (para un procedimiento penal por robo con fuerza, pej) y que donde cobra hoy 144 € cobrara 180 € (para un procedimiento de despido), volviendo en definitiva a los niveles económicos del Decreto del 2003.
Huelga decir, Señorías, que el objetivo final de nuestra propuesta no era tan pírrica mejoría económica para la abogacía de oficio, sino devolver algo de la dignidad y de la importancia a un servicio público esencial y que la Administración empiece al menos progresivamente a cumplir el modelo de Estado social que expresamente configura nuestra Constitución y al que repugna un servicio público concebido con una exclusiva finalidad de ahorro y de espaldas a la realidad social.

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Porque, Señorías, no se puede administrar Justicia Gratuita pensando solo en los números e ignorando a las personas y familias sin recursos que hay detrás de cada solicitud. Dicho sea con el respeto que nos merece la ingente tarea de la Administración de atender las diversas y variadas necesidades de una Comunidad como la de Madrid.
La Administración aceptó constituir este grupo de trabajo y se mantuvieron 4 reuniones en las que se debatió la estructura y las cuantías del baremo, con el resultado final de que la Administración rechazó de plano nuestra pretensión de recuperar ese 20%, por considerarla excesiva e inviable, concluyendo por tanto este proceso de negociación sin éxito.
Por ello, la Junta de Gobierno que presido ha adoptado el 25 de febrero pasado el acuerdo de i) limitar la prestación del servicio de asistencia letrada a las personas privadas de libertad y en situaciones de especial vulnerabilidad (violencia de género y trata) ii) designar letrado sólo cuando el expediente esté completo y correcto, y iii) prestar el Servicio de Orientación Jurídica sin realizar tareas adicionales que el Colegio venía realizando para agilizar la tramitación del expediente.
Asimismo se ha decidido hacer pública la situación de la Justicia Gratuita para concienciar de su importancia e iniciar una campaña informativa a la ciudadanía madrileña.
El Colegio no vulnerará con estas medidas el derecho a la tutela judicial efectiva de ningún ciudadano, pero tampoco no va a consentir que la defensa a ultranza del derecho de defensa, que es nuestra razón de ser, sea también nuestra debilidad y que permanezcamos pasivos ante el deterioro progresivo de la Justicia Gratuita en nuestra Comunidad.
La desatención del servicio que denunciamos hoy por insuficiente dotación económica no sólo se produce respecto de la Justicia Gratuita, sino en general con la Justicia. Así lo venimos denunciado todos los profesionales implicados y todos coincidimos en identificar la falta endémica de recursos humanos y materiales como la principal causa de que la administración de justicia en esta Comunidad sea lenta y tardía y se imparta en condiciones manifiestamente insuficientes para solventar las necesidades de justicia de la ciudadanía.

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Según el informe del Consejo General del Poder Judicial “La Justicia dato a dato” del año 2013, la Comunidad de Madrid no está ni mucho menos entre las que más invierten ni en Justicia Gratuita, ni en Justicia en general.
Así, en Justicia en general y según dicho informe, el presupuesto de Justicia en 2013 de la Comunidad de Madrid representó un 0,19% del Producto Interior Bruto y se distribuyó por habitante a razón de 53,8 €, mientras que Comunidades como Cataluña, País Vasco, Canarias, Aragón, La Rioja o Galicia invirtieron en Justicia entre el 0,27% y el 0,36% del PIB con una distribución por habitante de entre 57 y 72,4 € (página 50 del Informe Justicia dato a dato de 2013 de CGPJ).
Y en Justicia Gratuita en particular, el presupuesto de Justicia en 2013 de la Comunidad de Madrid es inferior en 21.000.000 € al de Cataluña, cantidad especialmente significativa si consideramos que Madrid tiene unas tasas de litigiosidad significativamente superiores, concretamente del 201,1% frente al 175,8 % de Cataluña.
Asimismo, no puede obviarse que el hecho de que la capitalidad conlleva un impacto en la actividad judicial, del mismo modo que es, a estos efectos, relevante que Madrid es la Comunidad en la que mayor número de empresas se crean y se disuelven y en la que tienen su sede social las grandes corporaciones internacionales.
Estos datos objetivos ponen de manifiesto la falta de voluntad política de la Administración autonómica por apostar con la fuerza necesaria por un servicio público tan esencial para la ciudadanía y para la economía como es la Justicia, y con ella, la Justicia Gratuita.
Nuestra obligación como abogados es la defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos y nuestro deber como institución colegial es poner de manifiesto el hecho objetivo de la insostenible situación actual de la justicia.
Concluyo mi intervención agradeciendo la oportunidad de comparecer y ser oída en esta Asamblea y de poder pedir una reflexión serena sobre la Justicia Gratuita a los Diputados, al Gobierno Autonómico actual y al que resulte de los inminentes comicios de mayo.
Asimismo quiero reiterar y renovar el leal ofrecimiento y la plena disposición de colaboración y apoyo institucionales, tanto de los Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares como del Consejo Autonómico de Colegios, y de la abogacía profesional con la Administración en el objetivo común y en el compromiso mutuo de

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que nuestra Comunidad de Madrid sea paradigma de la Justicia social que consagra nuestro sistema constitucional".