PATRIMONIO HISTÓRICO: ¿Adiós a los hórreos? El "disparate" del IBI amenaza a la joya arquitectónica asturiana El nuevo impuesto a los hórreos desata una tormenta política. Los expertos señalan que no son viviendas y que la medida podría ser el tiro de gracia a una tradición de 500 años

Los ayuntamientos de Gozón, por ejemplo, ya están cobrando a los dueños de los 745 hórreos del concejo, incluidos los centenarios. Según informó ‘El Faro’, los dueños de un hórreo 'modesto' (35 metros cuadrados) pagan ahora unos 50 euros, aunque un vecino habría denunciado al catastro “porque le querían cobrar 500 euros por una panera”.

No es la primera vez que vecinos rurales del norte de España se llevan las manos a la cabeza tras un catastrazo: la inclusión de los gallineros como 'uso residencial' generó hace unos meses malestar en Galicia. Al margen de que uno no puede evitar imaginarse a la Gallina Caponata viviendo a todo trapo en un chalé cuando ve juntos los conceptos 'gallineros' y 'uso residencial', una cosa parece clara: la creciente flexibilidad del IBI tiene bastante que ver con los graves problemas de financiación municipal. EL CONFIDENCIAL

Trabajadores de Uralita con cáncer vuelven a juicio diez años después y sin indemnización. Les dieron la razón pero el TS hizo reiniciar el proceso y devolver el dinero que ya habían cobrado

Como se desprende de las sentencias, Uralita no discutió la relación causal entre el amianto y las enfermedades pero sí defendió haber cumplido siempre con la legislación. Sin embargo, la Justicia entiende que no basta con cumplir con los reglamentos y actuar de manera diligente si el daño se produce igualmente. De hecho, reconocen que «Uralita actuó de manera negligente, amparada en una legislación excesivamente permisiva». En este sentido, Avida considera que también hay responsabilidad por parte del Estado. La primera legislación específica sobre el amianto aparece en España en 1984. Sin embargo, el uso del asbesto se prohibió definitivamente en 2002. «Sabían que mataba y se usaba igual», señala Paul que también lamenta que España haya ido con retraso respecto a Europa. «El primer país que limitó la exposición profesional al amianto fue Inglaterra y lo hizo en 1931», añade. ABC

La profesión más bella del mundo, según Voltaire. Artículo de la decana, Sonia Gumpert

A pocos días del 40 aniversario del vil y cobarde asesinato de los Abogados de Atocha, sacrificados por defender la democracia que luego nos proporcionó a todos –también al autor del artículo- el derecho a la libre expresión de nuestras ideas y opiniones, sus simplistas y subjetivas afirmaciones, o su fallida sátira, sobre los abogados resultan aún más injustas, si cabe. Nuestra Historia más reciente ha sido testigo del papel crucial que la abogacía ha jugado en la Transición Española y en la victoria de la democracia en nuestro país. Junto a los Abogados de Atocha, otros abogados como Adolfo Suarez, Felipe González, Miguel Herrero de Miñón, José Pedro Pérez-Llorca, Miquel Roca y muchos más han sido los escultores de nuestra Constitución que consagra nuestros actuales derechos y libertades. La Historia Universal es testigo, en fin, del papel esencial de los abogados en la evolución de la civilización y en la conquista del Estado de Derecho, desde la Grecia y la Roma clásicas, pasando por Portalis, Bentham, Savigny, Locke, Kelsen y tantos otros, hasta nuestros días. Nombrarlos a todos sería imposible, pero como para “muestra basta un botón”, recordemos al abogado Abraham Lincoln, impulsor y artífice de la abolición de la esclavitud, y al también abogado Mahatma Gandhi, autor de la independencia del pueblo hindú del imperialismo británico. Más cerca, tenemos el trabajo silencioso y diario de los abogados y abogadas de nuestro nunca suficientemente reconocido Turno de Oficio, emblema de la abogacía, quienes sin retribución digna y por pura vocación garantizan los derechos de los más vulnerables y necesitados.

Será por todo esto por lo que el jurista y filósofo francés Voltaire dijo que él hubiera querido ser abogado, porque es la más bella profesión del mundo. ICAM.ES

TRIBUNAL SUPREMO: El toro no es símbolo oficial de España: las marcas pueden usarlo libremente

El origen del pleito arranca de una demanda planteada por el Grupo Osborne reclamando la nulidad de la marca denominativa Badtoro. Osborne acusó a Badtoro de violar las dos marcas denominativas Toro que tiene registradas para diferentes productos. Esa demanda fue presentada ante el Tribunal General de la Unión Europea de Luxemburgo.

En respuesta a ella, Jordi Nogués S.L., la propietaria de Badtoro, pidió al Supremo, no a Luxemburgo, la nulidad total o parcial de las marcas Toro de Osborne, por ser un emblema nacional.

Osborne respondió solicitando al Supremo que no decidiera nada hasta que Luxemburgo hubiera resuelto su demanda anterior. LA VANGUARDIA

Los jueces, en pie de guerra contra la Comunidad de Madrid

El incendió ocurrido el pasado 11 de enero en la calle Granados de Torrejón de Ardoz, sede de los juzgados de Violencia sobre la Mujer y Primera Instancia nº5 de esta localidad madrileña, han agotado la paciencia de los jueces decanos de la Comunidad de Madrid. Este último incidente no hace sino confirmar los problemas y deficiencias denunciados por el Tribunal Superior de Justicia en las diferentes memorias de 2015 elaboradas por cada uno de los juzgados que componen los partidos judiciales de la Comunidad. Por este motivo, afirman "sentirte obligados" a instar a Cristina Cifuentes y su equipo de gobierno, responsables del estado, mantenimiento y conservación de los edificios judiciales, a que antes de lamentar daños personales irreversibles, acometa de inmediato las actuaciones necesarias para que el estado de dependencias se adecue a la normativa en materia de Seguridad y Salud. ESTRELLA DIGITAL

Condenado a un año de prisión por elogiar el terrorismo en una red social

El Alto Tribunal, concluye respecto a las alegaciones de la recurrente, que la libertad de expresión tiene, como todos los derechos, sus límites, de manera que cualquier ejercicio de ese derecho no merece, por el simple hecho de serlo, protección constitucional, y recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha afirmado que la tolerancia y el respeto de la igual dignidad de todos los seres humanos constituyen el fundamento de una sociedad democrática y pluralista.

En base a ello, se considera necesario en las sociedades democráticas sancionar e incluso prevenir todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia, en tanto en cuanto, la libre exposición de las ideas no autoriza el uso de la violencia para imponer criterios propios. ECONOMIST AND IURIS

Un juez condena al Santander a indemnizar a un hipotecado por incluirlo en el registro de morosos

El magistrado del juzgado de Instrucción nº 2 de Teruel ha condenado al banco de Santander a dar de baja en los ficheros de morosos la deuda con la que figura inscrito un hombre que dejó de pagar algunas cuotas de la hipoteca y obliga a la entidad financiera a indemnizar a su cliente con 9.000 euros por los daños y perjuicios que ello le ha ocasionado.

El juez entiende que se ha producido una intromisión ilegítima en el derecho fundamental al honor del demandante al haber mantenido los datos del cliente hipotecado en dos ficheros de morosos una vez que las partes habían modificado el préstamo hipotecario suscribiendo la dación en pago parcial de la deuda así como la condonación parcial de importe restante. ECONOMIST AND IURIS

22 restaurantes se convierten en la ‘pesadilla’ de Chicote. Dos propietarias beligerantes con el programa aseguran que un grupo de restaurantes demandarán al ‘Pesadilla en la Cocina’ de LaSexta

Las impulsoras son Manoli, responsable del restaurante Irlanda situado en El Ferrol, y Sole Álvarez, dueña del polémico Café Zamora que denunció públicamente al programa de “manipular” el contenido, “generar enfrentamientos” entre los trabajadores e incluso de “inventarse pruebas” para acusar al negocio de no tener las mínimas medidas se salubridad. LA VANGUARDIA

No hay caducidad ni prescripción en la comprobación e investigación de una situación tributaria

El Alto Tribunal determina en una reciente sentencia que lo único que prescribe es el derecho de la administración para determinar la deuda tributaria  mediante la oportuna liquidación, pues la comprobación e investigación de la situación tributaria,  aunque necesaria para liquidar la deuda tributaria, no está sometida a plazo de prescripción o  caducidad alguno

Se establece que estamos ante una potestad administrativa puesta al servicio de la Administración para poder liquidar  un tributo, no sometiéndose a plazo el ejercicio  de las potestades de comprobación e investigación, no siendo incluido por el artículo 66 de la LGT dentro de los derechos de la Administración llamados a prescribir. ECONOMIST AND IURIS

No merece protección el derecho al honor de quien genera polémica y participa en programas de crónica social

Se determina que aunque en los programas televisivos de crónica social, o entretenimiento de tono más agresivo, las expresiones objetivamente insultantes u ofensivas pueden ser constitutivas de intromisión ilegítima en el derecho al honor, de acuerdo con una concepción programática del lenguaje, prevalece la libertad de expresión, aunque puedan no ser plenamente justificables.

En caso enjuiciado, se caracteriza porque la demandante que reclama la protección de su derecho al honor adoptó pautas de comportamiento muy peculiares, consistentes en reportajes escandalosos o subidos de tono, en unión de otros personajes del mismo ámbito televisivo, que le abrían camino para sus participaciones directas en otros programas, en general retribuidas.

Ante tales circunstancias, el Alto Tribunal concluye que quien voluntariamente se presta a participar en estos programas, mediante retribución, generando polémica para así lograr su aparición en programas sucesivos gracias a pautas de comportamiento extravagantes o escandalosas, no puede pretender que se proteja su honor frente a expresiones objetivamente ofensivas o insultantes de los guionistas, presentadores y colaboradores de estos programas. ECONOMIST AND IURIS

Una empresa deberá indemnizar a un despedido por perder el permiso de trabajo

El Supremo ha rechazado el recurso de la empresa Limpiezas Pisuerga contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dio la razón a una empleada, nacional de un país de fuera de la UE, a quien, tras 8 años trabajando, la compañía le comunicó el cese en noviembre de 2013 basándose en la pérdida de su permiso de residencia y trabajo, que ella no había renovado. El alto tribunal madrileño consideró su despido improcedente, condenando a la empresa a pagarle una indemnización de 16.363 euros.

El contrato de trabajo no incluía expresamente una cláusula de extinción basada en la pérdida sobrevenida de dicho permiso, pero la empresa, apoyada en otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, defendió que debía considerarse implícitamente consignada en el contrato. La empresa invocaba el artículo 49.1.b del Estatuto de los Trabajadores, que estipula que el contrato de trabajo se extinguirá “por las causas consignadas válidamente en el contrato salvo que las mismas constituyan abuso de derecho manifiesto por parte del empresario”. EL PAÍS

Decálogo de un abogado penalista para luchar contra la corrupción

José Antonio Tuero, socio director de Tuero Sánchez Abogados, propone diez ideas para combatir la corrupción. Un fenómeno que ha crecido en nuestro país pero que según apuntan varios expertos, entre los que se incluye, no va cronificarse. CONFILEGAL

La letra pequeña del permiso de paternidad

Ahora, la ampliación a cuatro semanas se ha aprobado en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, por lo que no hay una ley nueva que regule la casuística del permiso de paternidad de 28 días.

Por este motivo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha interpretado cómo debe aplicarse este permiso. CINCO DIAS 

"La pensión de viudedad estaba pensada para un modelo de sociedad que ya no existe"

¿Tiene sentido una pensión de viudedad como la que ahora conocemos?

El término viudedad ya es inaceptable. Es una pensión que estaba pensada para un modelo de sociedad que ya no existe. ¿Hay que quitarla? No, porque hay mujeres que la necesitan. Hay que unirla con el mercado de trabajo, con la responsabilidad familiar... Hay que hacer una pensión neutra a nivel de género, reorientarla sobre capacidad económica. Con la de orfandad, hay que hacer algo similar: se produce una situación de necesidad cuando se te muere tu padre y no tienes medios, pero si resulta que tienes medios para estudiar en el extranjero no creo que tengas que generar una pensión. EL DIARIO.ES

La Justicia obliga a indemnizar a las familias cuyos dependientes murieron sin recibir su ayuda. Otros jueces, en cambio, deniegan la indemnización a los herederos alegando que si nunca se llegó a fijar la cantidad económica no se consolidó el derecho a la prestación y por tanto, no se puede reclamar.

La Ley de Dependencia acaba de cumplir diez años desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la aprobara como una de sus medidas sociales estrella. Sin embargo, el apoyo económico a las familias con un dependiente no siempre llega a su destino final. Muchos hijos han luchado en los tribunales para que la Justicia les concediera lo que era suyo, el dinero que durante años fueron adelantando para los cuidados de su padre o madre y que a pesar de tenerlo aprobado nunca llegó.

Son casos de familias que al fallecer la persona que necesitaba esos cuidados, las administraciones regionales se limpiaban las manos y entendían que una vez fallecido, ya no hacía falta pagar lo que le correspondía y que llevaba años esperando. La Justicia ha resarcido a esos familiares que han tenido que acabar en los tribunales para recibir lo que ellos consideraban que era suyo después de que les hayan corroborado que la Adminsitración ha cometido “evidentes irregularidades” al negarles esa ayuda. EL ESPAÑOL

La ley vasca de 2015 que permitió apartar a los hijos en el testamento ha provocado que las notarías reciban miles de peticiones. Tras entrar en vigor, las asesorías recibieron un 25% más de consultas que el año anterior

A falta de datos, una ronda de consultas en forma de muestra informal por notarías del País Vasco deja claro el revuelo que ha producido la nueva normativa. En la notaría de Lorena Lamana, de Bilbao, aseguran que “ha venido gente a cambiar el testamento en cuanto se han enterado, sobre todo gente mayor”. También en Bilbao, desde otra notaría que prefiere el anonimato, afirman que están haciendo más testamentos. "Los primeros meses tras la entrada en vigor de la ley fueron muy movidos", aseguran. "La gente veía la noticia en la televisión o lo leía en los periódicos, y nos llamaban”.

Lo mismo sucedió en San Sebastián. En la capital guipuzcoana, la notaría Adánez recibió “muchas más solicitudes que el año pasado”, una percepción que comparten en la notaría José María Amurrio. EL PAÍS