Los ayuntamientos de Gozón, por ejemplo, ya están cobrando a los dueños de los 745 hórreos del concejo, incluidos los centenarios. Según informó ‘El Faro’, los dueños de un hórreo 'modesto' (35 metros cuadrados) pagan ahora unos 50 euros, aunque un vecino habría denunciado al catastro “porque le querían cobrar 500 euros por una panera”.
No es la primera vez que vecinos rurales del norte de España se llevan las manos a la cabeza tras un catastrazo: la inclusión de los gallineros como 'uso residencial' generó hace unos meses malestar en Galicia. Al margen de que uno no puede evitar imaginarse a la Gallina Caponata viviendo a todo trapo en un chalé cuando ve juntos los conceptos 'gallineros' y 'uso residencial', una cosa parece clara: la creciente flexibilidad del IBI tiene bastante que ver con los graves problemas de financiación municipal. EL CONFIDENCIAL