"La UE ha decidido incumplir el deber humanitario de asistencia, posible y por ello exigible, y ha pactado convertir el derecho de asilo en una insoportable estancia indefinida en campos de refugiados en Turquía. Por todo ello se han llegado a calificar estas actitudes como un genocidio pasivo. Técnicamente, jurídicamente, no es un genocidio, porque no existe una intención directa de exterminio, que sería indispensable para denunciar ante el Tribunal Penal Internacional a los firmantes del preacuerdo del 7 de marzo. Pero hay una relación de causalidad directa entre la alevosa y fría insolidaridad de los gobernantes europeos y los miles de sufrimientos y muertes. Estas pesan sobre la conciencia de la UE igual que un genocidio". EL PAÍS
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