Desde el lunes pasado, el Ejecutivo ha tenido sobre la mesa el informe del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de reforma de dicha ley. El dictamen ha permanecido bajo siete llaves y el Consejo no lo ha hecho público. Pero parece que ponía algún reparo a la posibilidad de establecer rigideces para la instrucción penal. En esa línea se manifestaron también muchos colectivos jurídicos cuando se conocieron los primeros proyectos del Gobierno. Todo indica que el Ministerio de Justicia no se apeará de sus planteamientos y mantendrá la previsión de 6 meses para los procesos ordinarios y 18 meses para los de mayor complejidad. Es decir, básicamente los relativos a corrupción, terrorismo o bandas organizadas.
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