La Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal considera que no concurren los requisitos exigidos para permitir que el empresario, condenado a seis años de prisión por adquirir inmuebles en Valencia con el dinero concedido en 2008 por la Conselleria de Solidaridad a la Fundación Cyes para dos proyectos de desarrollo en Nicaragua, evolucione del segundo al tercer grado penitenciario y disfrute, de este modo, de un régimen de semilibertad. LAS PROVINCIAS
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