En el primer trimestre de 2016 se han registrado 37 peticiones judiciales para esterilizar a personas con discapacidad, una práctica que generalmente se solicita con el fin de proteger a mujeres, pero que genera controversia entre expertos debido a la contundencia e irreversibilidad de la medida.
La esterilización queda despenalizada en España en el artículo 156 del Código Penal cuando la persona "adolezca de grave deficiencia psíquica" y la práctica "haya sido autorizada por el juez".
En 2015, entraron en los juzgados 71 procesos de esterilización, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no precisa si se resolvieron favorablemente o no. ESTRELLA DIGITAL
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