La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha condenado al Estado a pagar a Verónica G. una indemnización de 60.000 euros, en concepto de responsabilidad patrimonial por prisión preventiva, al considerar que estuvo 542 días encarcelada por un delito de homicidio que no existió. La mujer reclamaba ser compensada con un millón de euros.
La mujer fue absuelta por un jurado de la Audiencia Provincial de Madrid, decisión confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que consideró como único hecho probado que el fallecido se clavó accidentalmente el cuchillo en el pecho durante un forcejeo con la acusada. INFOLIBRE
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