"El Constitucional considera que la reducción del dominio público marítimo-terrestre en Formentera no está lo suficientemente justificada para explicar por qué este territorio debe recibir un tratamiento diferente, por ejemplo, al resto de las Islas Baleares. La sentencia tampoco admite que se excluyan del dominio público marítimo-terrestre las zonas "que sean inundadas artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto", como el caso de las salinas. Asimismo, anula una disposición de la Ley que legalizaba una depuradora considera ilegal por el Tribunal Supremo en la comunidad de Cantabria. El texto recuerda que "hay sentencias firmes que han ordenado la demolición de depuradoras en contra de lo establecido", y que "sólo se permite la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación"."
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