Según Josep Maria Reniu, politólogo y miembro del Consell Assessor per a la Transició Nacional, la aplicación de la ley de Seguridad Nacional para intervenir la autoridad autonómica de Catalunya sería "el nivel máximo que creo que no pasará", pero puestos a contemplar escenarios, la desobediencia a las sentencias del TC o la decisión de no aplicar el artículo 155 de la Constitución para frenar el proceso secesionista por la lentitud del trámite, pueden obligar a tener al alcance otras medidas legales más veloces que obliguen a cumplir. Por tanto, la ley de Seguridad Nacional emerge como una herramienta para sancionar un comportamiento en Catalunya contrario a la Constitución sin que el Govern tenga medios legales para frenar esta potestad.
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