Rato se acogió a su derecho a no declarar en su primera declaración ante el juez porque decía desconocer muchas de las acusaciones que han vertido sobre él la Oficina Antifraude (Onif) y la Fiscalía. Desde entonces, no solo se han conocido las nuevas sospechas de la Onif de que pudo blanquear dinero en el exterior, sino que el caso ha salpicado a otras ocho personas, entre ellas gente de su máxima confianza como su secretaria personal, Teresa Arellano, y su gerente y presunto testaferro, Miguel Ángel Montero.
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