"En España no existen estadísticas fiables sobre la realidad de la Justicia, con lo que cualquier medida política, cualquier remedio que se quiera aplicar a los males de la Justicia, siempre nacerán viciados de origen".

Después de analizar las estadísticas sobre el funcionamiento de la Justicia en España durante diez años, tanto en inversión como en funcionamiento y desde 2003 hasta 2014, el magistrado Francisco Gutiérrez llega a esta conclusión: “No se advierte relación causa-efecto entre la inversión económica y el funcionamiento de la Administración de Justicia en España. Los años en que su funcionamiento fue más deficiente, 2008-2010, coincidió con aquellos en los que se invirtió más dinero en el sistema judicial”. Cuando se presentó un avance de la tesis del magistrado sevillano en el último Congreso del Foro Judicial Independiente, al que pertenece Francisco Gutiérrez, el presidente de esta asociación judicial, Conrado Gallardo, destacó que, con este trabajo, se demuestra que “el problema es que se ha gastado en objetivos equivocados: Se ha gastado mucho agua para apagar el fuego pero se ha apuntado la manguera donde no estaba el fuego”.

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Medios, abogados, jueces, fiscales y Policía ponen en riesgo el 'honor de los inocentes'

Hay casos controvertidos como los de Alcàsser (1992), Arny (1995), Wanninkhof (1999, con la inocente Dolores Vázquez) o los atentados de Madrid (2004). “Todos ellos ponen de relieve que la relación entre la libertad de expresión y el correcto funcionamiento de la justicia está lejos de ser armónica o con difusión de informaciones o la expresión de opiniones que ponen en riesgo el derecho a un proceso justo y con todas las garantías”.

Leer más:  Justicia: Medios, abogados, jueces, fiscales y Policía ponen en riesgo el honor de los inocentes. Noticias de Andalucía  http://goo.gl/yIjaNP

Imputadas dos letradas por alentar una trama de denuncias falsas de violencia de género

El titular del Juzgado de Instrucción número trece de Madrid ha citado a declarar hoy a nueve personas como investigadas (la nueva figura del imputado) por haber urdido presuntamente una trama de denuncias falsas de violencia de género. Entre los investigados están dos conocidas abogadas especialistas en violencia de género, Cruz Sánchez de Lara, que era directora de la Asesoría Juridíca de la Federación de Mujeres Progresistas (FMP) cuando sucedieron los hechos, y su socia Yolanda Corchado. También están citadas dos psicólogas de esta organización, Beatriz Mata y Covadonga Naredo, que fue directora del área de violencia de género de la FMP. El resto de investigados son la mujer que denunció a su expareja, Beatriz Caniego, y varios de sus familiares. ABC

Los padres de una víctima de maltrato denuncian a la pareja de su hija

Dolors está dispuesta a que su hija Silvia no vuelva a dirigirle la palabra. Ella y su marido, Xavier, han hecho algo insólito: ejercen la acusación popular en dos procesos judiciales abiertos, por maltrato, contra la pareja de Silvia porque ella se niega a denunciarle. EL DIARIO MONTAÑÉS

La macabra paradoja que sufren las víctimas de la Talidomida Los afectados no solo no han recibido indemnizaciones por las malformaciones que les causó el fármaco de la compañía alemana Grünenthal, si no que además tienen que usar cada día los medicamentos contra el dolor que distribuye ese mismo laboratorio

Rafael Basterrechea, víctima de la Talidomida, tiene que abonar cerca de cien euros mensuales a la farmacéutica que le provocó graves malformaciones en el cuerpo desde su nacimiento. Para paliar los múltiples dolores que padece, como la escoliosis o las fuertes luxaciones musculares, está obligado a recurrir a medicamentos específicos que solo distribuye la compañía alemana Grünenthal, la misma que le ha causado todo este sufrimiento. Es la macabra paradoja que sufre Rafael, junto a los cerca de 500 afectados por la Talidomida en España. ESTRELLA DIGITAL

Pese al frenazo económico, los grandes bufetes españoles intensifican su presencia en America Latina

A esta intrincada rayuela entretejida de normas y leyes llegaron poco a poco los bufetes españoles. Aunque si toda historia tiene un principio, esta comienza en 2013. Ese año Garrigues (el despacho más grande de Europa continental por facturación y número de abogados) abandona la alianza Affinitas (que el mismo impulsó) y empieza a adquirir bufetes locales con el fin de agruparlos bajo su marca. Con esta estrategia define la presencia en Brasil, México y Perú. De ahí pasa a Colombia y Chile. Un viaje intenso que agita un sector que busca el fiel de la balanza entre una competencia agresiva y la obligación de tejer lazos entre bufetes. Porque un día son competidores y otro aliados. “Es una industria de relaciones y hay que manejarlas con cuidado”, advierte Tim Girven, editor de la publicación Legal 500 para Latinoamérica. En esta orografía escarpada resulta razonable que “el precio de los servicios se convierta en un factor competitivo fundamental”, observa Javier Ybáñez, socio de Garrigues en América Latina. Sobre todo para los aspectos jurídicos más sencillos. Nadie usa los términos “pelea” o “guerra”, pero la tensión habita en una industria que reconoce que “ya no se volverá a pagar, como hace unos años, un precio desorbitado por la hora de un jurista”. La resaca de un sector que mientras pudo permitírselo dio la espalda a la región. EL PAÍS

Condenado por insultar a su madre y abofetear a su hermano pequeño

La Audiencia de Málaga ha confirmado la condena impuesta a un hombre por amenazar e insultar a su madre y por pegar una bofetada a su hermano de 13 años en el transcurso de una fuerte discusión ocurrida en el domicilio familiar en la localidad malagueña de Torremolinos. Así, se ratifica la pena de prisión y la prohibición de acercarse al menor durante dos años.

Los hechos sucedieron en diciembre de 2014. El acusado residía en dicha vivienda y durante una fuerte discusión, primero dio una bofetada en la cara al hermano, sin causarle lesiones, tras lo que empezó a golpear los enseres de la casa y empezó a decir: "Tengo ganas de matar", expresión que generó miedo en ambos familiares. Además, insultó a la madre. EL PAÍS